Tres magistrados con una larga trayectoria juzgarán a Miguel Ángel Gallardo en el TSJEx

Beatriz Biedma, la jueza que ha instruido las supuestas irregularidades en la contratación de David Sánchez, cree que el hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz y los otros diez investigados burlaron la ley para favorecer al hermano del presidente del Gobierno.

Pero el cambio de situación de Gallardo tras tomar posesión de su acta de diputado podría tener consecuencias en esta causa penal. Si ese aforamiento no se hubiese producido, el tribunal competente para resolver los recursos y celebrar juicio sería la Audiencia Provincial de Badajoz. Pero la conversión de Gallardo en diputado lo varía todo porque las causas que afectan a los aforados son instruidas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y es este mismo órgano judicial el encargado de juzgarlos. Concretamente, la Sala de lo Civil y lo Penal, con sede en Cáceres.

Eso permite conocer el nombre de los tres magistrados que juzgarían este caso: María Félix Tena, Manuela Eslava y Antonio María González Floriano.

La Sala de lo Civil y lo Penal está presidida por la magistrada extremeña María Félix Tena, que desde hace cinco años es la presidenta del TSJEx. Ella es la primera mujer que preside el alto tribunal extremeño y también fue la primera mujer al frente de la Audiencia Provincial de Cáceres, a la que se incorporó en 2010 para trabajar en la Sección Segunda, que lleva los asuntos penales. María Félix Tena accedió a la presidencia del TSJEx tras quedar vacante. Hubo otros tres candidatos, pero fue ella la elegida.

La ley recoge que los presidentes de los tribunales superiores de justicia son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que se conoce como el gobierno de los jueces y que tiene su sede en Madrid, un órgano compuesto por 20 magistrados que son elegidos por las Cortes Generales. Por tanto, son los representantes políticos que conforman el Congreso y el Senado quienes tienen el encargo de elegirlos en una votación en la que se exige mayoría cualificada, lo que obliga a los grandes partidos a llegar a un acuerdo en ocasiones complicado.

De los 20 vocales que forman el CGPJ hay 12 que deben haber ejercido con anterioridad como jueces o magistrados (6 los elige el Senado y otros 6 el Congreso), y los 8 restantes son juristas de reconocida competencia (4 elige el Senado otros 4 el Congreso). Por tanto, políticos elegidos en las urnas deciden quiénes son los vocales que después nombran a los presidentes de los tribunales superiores de justicia.

En todo caso, la elección del presidente de un tribunal superior de no puede ser discrecional. Deben ser valorados el currículum y los méritos de los candidatos, que tienen la obligación de exponer su programa de gobierno en una entrevista.

La actual presidenta del TSJEx nació en Monterrubio de la Serena (Badajoz) en 1963 y su ingreso en la carrera judicial está fechado en 1988, con tan solo 25 años.

Su primer destino fue el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria. A los dos años ascendió a magistrada y en 1990 tomó posesión en la Sección Segunda de la Audiencia de Cáceres. Fue nombrada presidenta de este órgano en 2014, cargo que ostentó hasta 2020, cuando fue nombrada al frente del TSJEx.

Junto a María Félix Tena conforma la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJEx la magistrada Manuela Eslava Rodríguez, cuyo nombramiento también fue decidido por el CGPJ, aunque con un sistema distinto puesto que esa elección debía realizarse entre los tres candidatos que había propuesto la Asamblea de Extremadura, donde gobernaba el PSOE de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Eslava formaba parte de la terna que envió la Asamblea tras un largo proceso en el que hubo dos ternas anteriores que fueron rechazadas por el CGPJ, cuyos miembros se negaron a votar a los candidatos propuestos porque consideraban que tenían una excesiva implicación política.

Tras esos dos rechazos previos, en el año 2003 fue elegida Manuela Eslava, que era entonces profesora titular de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la UEx en Cáceres. Los otros dos candidatos eran José Luis Galache Cortés, que había sido senador por el PSOE en la década de 1980 y en esos momentos tenía un bufete de abogados en Badajoz; y Antonia González Gargamala, abogada de los Servicios Jurídicos de la Diputación de Badajoz.

La propuesta fue impulsada por el PSOE y obtuvo el apoyo de los diputados socialistas en la Asamblea. No logró por tanto el respaldo del PP ni tampoco de Izquierda Unida, que presentó una terna alternativa (Manuel Jesús Petit Caro, Juan Francisco Montero Carbonero y José Luis Macías Núñez) que obtuvo los tres votos de esa formación de izquierdas.

Tras la elección de Manuela Eslava, el diputado popular José Antonio Echávarri dijo que el PP no había presentado una terna alternativa porque ese sistema de designación estaba «viciado» y habían observado que el PSOE de Extremadura «nunca quiso el consenso». Añadió Echávarri que aunque el PP no tenía «nada que objetar a la capacidad jurídica de los candidatos», sí hubiese preferido que se enviase al CGPJ «una terna independiente y no una terna socialista».

A pesar del rechazo del PP al sistema de elección, el también diputado popular Javier Casado valoró que con el nombramiento de Eslava «el respeto a la legalidad había sustituido a la soberbia de querer imponer una terna» formada por candidatos que militaban y eran cargos del PSOE.

Manuela Eslava lleva por tanto 22 años en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y en su caso no llegó a la magistratura por oposición. En su caso, lo que valoraron los diputados del PSOE, primero, y el Consejo General del Poder Judicial, después, fue el prestigio que había alcanzado como profesora de Derecho e investigadora de asuntos jurídicos.

Precisamente el decano de la Facultad de Derecho de la UEx en Cáceres cuando Manuela Eslava ingresó en el TSJEx era Emilio Cortés Bechiarelli, el catedrático que en esta causa defiende a David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno. Eslava y Bechiarelli eran entonces compañeros en el claustro de la facultad, ahora representan dos papeles muy distintos en este proceso.

El tercer miembro de la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx es Antonio María González Floriano. Este juez comparte con María Félix Tena el sistema de acceso a la magistratura: ambos aprobaron la oposición de acceso a la judicatura.

Pero a diferencia de Tena, que fue nombrada por el CGPJ tras presentar candidatura a la presidencia del TSJEx, Antonio María González Floriano llegó a este tribunal por ser el magistrado con mayor antigüedad que solicitó una plaza que había quedado vacante. No intervinieron por tanto la Asamblea ni el Consejo General del Poder Judicial: el único criterio que se utilizó fue el de la antigüedad.

González Floriano es el magistrado que menos tiempo lleva en el TSJEx. Tomó posesión el 25 de septiembre de 2023 y desde entonces está adscrito a este tribunal con sede en Cáceres, ciudad en la que ha ejercido buena parte de su carrera profesional.

González Floriano entró en la carrera judicial en 1987 y durante sus primeros años de ejercicio estuvo destinado en juzgados de Ayamonte (Huelva), Llerena, Mérida y Cáceres, capital en la que tenía su anterior destino como magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, que lleva los asuntos civiles.

Este magistrado pertenece a una familia muy conocida en la capital cacereña. Uno de sus hermano, José María González Floriano, fue concejal por el PP durante una de las legislaturas en las que Elena Nevado fue alcaldesa.

Si finalmente Miguel Ángel Gallardo es juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, estos tres magistrados serán los encargados de enjuiciarlo, aunque no se puede descartar que se incorpore algún otro magistrado procedente las otras dos salas con las que cuenta el TSJEx: la de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social

Eso sucedería si antes de celebrarse el juicio resultase necesario nombrar un magistrado instructor que culmine la tarea realizada hasta ahora por Beatriz Biedma, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

Ese magistrado instructor sería uno de los tres jueces que componen la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJEx. Él sería el encargado de tomar las últimas decisiones antes de abrirse juicio oral, una responsabilidad que casi seguro le impediría integrarse después en el tribunal que juzgaría a Gallardo para evitar la contaminación que le supondría haber tenido que pronunciarse sobre esos hechos con anterioridad al juicio.