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La defensa de Miguel Ángel Gallardo pide a la jueza Beatriz Biedma que se inhiba de la causa y que esta pase completa, respecto de ... los once investigados, al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
La instructora dictó auto de apertura de juicio oral el pasado jueves por la mañana, tras indicar que existen indicios de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz en 2017 y, posteriormente, en el fichaje de su colaborador Luis Carrero. Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, es uno de los principales imputados.
Ese mismo jueves por la tarde, el abogado que defiende a Gallardo, Juan José Torres Ventosa, presentó un escrito al juzgado informándole que se había convertido en diputado electo un día antes y, por tanto, ya es aforado. Por eso le pedía que cediera toda la causa, respecto de los once investigados, al TSJEx.
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Torres cita jurisprudencia para asegurar que Gallardo es diputado a todos los efectos y con todas las prerrogativas desde que la Junta Electoral de Extremadura expide su credencial como diputado. Esto es, el miércoles pasado. «Desde que se obtiene la condición de electo, se ostentan las prerrogativas propias del estatuto parlamentario, entre las que se encuentra, huelga decir, el aforamiento ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura».
Añade que, una vez acreditada la condición de diputado «no corresponde a este Juzgado de Instrucción el resolver sobre la apertura del juicio oral, ni, en general, sobre ninguna de las cuestiones que se puedan suscitar desde este momento: el ámbito funcional de la competencia objetiva de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Extremadura se extiende a la decisión «sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio», esto es, sobre todos los hitos fundamentales de un proceso penal. Repárese, en este punto, en que lo que se le encomienda al TSJ no es solo el enjuiciamiento, sino la decisión sobre el juicio, que es una actuación más amplia».
Como se ha indicado antes, el escrito fue remitido a la jueza horas después de que esta dictara auto de apertura de juicio oral.
El abogado da un paso más en el escrito e indica que no solo debe pasar al TSJEx la parte del procedimiento que afecta al diputado Miguel Ángel Gallardo, sino que la competencia del TSJ ha de extenderse «respecto de todos los imputados en estas diligencias, toda vez que los hechos punibles relatados en el auto no 43/25, de 28 de abril (frente al que pende, por cierto, recurso de apelación interpuesto por esta representación procesal que, s.e.u.o, no ha sido resuelto) se refieren a -presuntas- actuaciones delictivas que se dicen cometidas conjuntamente por todos ellos».
Para la defensa de Gallardo, «no es posible escindir los hechos que se atribuyen a los investigados, y ello legitima la «posibilidad de atraer la competencia respecto de hechos ejecutados por personas no aforadas ante la misma» [Sala del Tribunal Supremo]».
Por todo ello, pide al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz «que se inhiba del conocimiento del asunto a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura».
La jueza Beatriz Biedma ha respondido este lunes al escrito de Gallardo. Lo hace en un auto, en el que indica que no procede la inhibición. «Sino, en su caso, elevar exposición razonada». La instructora elaborará esa exposición cuando se «certifique por quien legalmente corresponde, en este caso letrado mayor y secretario general de la Asamblea de Extremadura, que Miguel Ángel Gallardo ostenta la condición de diputado de dicha Asamblea y desde qué fecha. Líbrese oficio para tal finalidad«.
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