La estabilización de la Junta todavía está pendiente de adjudicar más de 680 plazas

De estas plazas totales, 447 se cubren a través de un concurso-oposición y 2.746 a través solo de un concurso de méritos. En estos momentos, tras los sucesivos llamamientos presenciales que se han producido para la adjudicación de las plazas siguiendo el orden del puntuación alcanzado por los aspirantes en ambos casos, restan plazas por cubrirse por los dos sistemas y tanto para funcionarios como para personal laboral.

Según los datos facilitados por el sindicato USO, son 682 las vacantes todavía pendientes: 36 del sistema de concurso-oposición y 646 del concurso de méritos. Es así porque no todas las plazas ofertadas en los llamamientos se han cubierto, especialmente ha ocurrido en el caso de las plazas de media jornada y también en aquellos otros en los que los aspirantes optaban a dos puestos de trabajo.

«Son los motivos por los que aproximadamente más de 250 plazas del total de vacantes pendientes tienen que volver a centrar un nuevo llamamiento para ocuparse», explica el coordinador autonómico de USO, Luis Manuel Gil.

Pero en el cómputo de vacantes también hay que sumar las 126 de técnico de Empleo y las 297 destinadas a ATE-cuidador, técnicos de Infantil e Intérpretes de Lengua de Signos.

Respecto a las primeras, la Junta está obligada a cumplir la sentencia del TSJEx, una vez el Supremo ha inadmitido su recurso, y volver a baremar a los 684 aspirantes admitidos a esta categoría de funcionario.

Es así porque el tribunal extremeño considera, como reclamaba el aspirante que ha ganado en la vía judicial, que la diferencia de valoración entre los servicios prestados en la Junta de Extremadura y los prestados en otras administraciones públicas es contraria a los principios de mérito, igualdad y capacidad contemplados en la Constitución, aplicables a los procesos de estabilización.

En concreto considera que la diferente puntuación, mucho más alta para la experiencia en la Junta que en cualquier otra administración pública, supone en la práctica una convocatoria restringida a quienes trabajan en la administración regional. La Dirección General de Función Pública, en base a esta sentencia, ya ha mantenido una primera reunión con las centrales sindicales para consensuar los nuevos criterios de baremación y volver a repetir el proceso, pero antes de establecerse ha solicitado una aclaración al TSJEx para que detalle cómo debe llevarse a cabo la repetición.

En cuanto a las 297 plazas destinadas a ATE, TEI e intérpretes, todas de personal laboral, la Junta ha decidido retrasar la adjudicación de las mismas para que quienes las ocupen en la actualidad puedan seguir hasta final de curso y así no perjudicar a los alumnos con necesidades educativas especiales y personas con discapacidad a las que atienden.

Los nuevos adjudicatarios de estas plazas se incorporarán a sus puestos en septiembre «y desde USO pedimos que los llamamientos, como para el resto de vacantes pendientes, se lleven a cabo cuanto antes para que todo el personal esté en sus nuevos puestos el 1 de septiembre».

La Consejería de Hacienda y Administración Pública asegura que para cubrir las plazas que quedan vacantes por concurso de méritos se tirará del listado de esos aspirantes y las que queden por cubrir de concurso-oposición por el suyo. Sin embargo, aspirantes que han aprobado el examen de oposición pero que no han logrado una plaza en propiedad en este proceso extraordinario, reclaman que se priorice a quienes han superado la prueba.

«Son bastantes las vacantes que han quedado en nuestra categoría de las plazas que iban por concurso de méritos. Son unas 90 y pedimos que se oferten a quienes hemos superado la oposición», señalan Carmen García, Nuria Morales y Ana Pulido.

Ellas son solo algunas de las auxiliares de Enfermería que trabajan en el Sepad, que han participado en la oposición y han aprobado el examen, que han pedido a Función Pública por escrito prioridad para el listado de concurso-oposición independientemente del sistema en el que se han producido las vacantes.

«Pedimos prioridad en la repesca porque no hacerlo es injusto, porque no se valora nuestro esfuerzo», argumentan.

No es la única queja antes, durante y después de una estabilización que sigue sin concluirse en la región y que, «en realidad, no se sabe cuándo podrá acabar porque continuará más allá de la adjudicación de las plazas», vaticina el coordinador de USO.

De hecho, Luis Maya adelanta que las demandas motivadas por la estabilización ya han llegado a los tribunales. «Por el momento hemos planteado más de 20 en los juzgados de lo Social de Badajoz, Cáceres y Plasencia porque los ceses que se han producido tienen que ir unidos al pago de una indemnización que no ha llegado», explica. «Por eso por ahora ya están en los tribunales las reclamaciones de los bomberos forestales, la primera categoría en la que se han adjudicado las plazas de estabilización, pero les seguirán otras».

USO considera, frente a lo que mantiene la Junta, que serán más de 500 los ceses que se producirán a consecuencia de la oposición extraordinaria y que los 9,2 millones de euros que la administración regional ha reservado para indemnizaciones serán insuficientes.