La UCO entrega al Supremo una grabación que implica a Santos Cerdán en el cobro de comisiones

Uno de esos audios, según han confirmado diferentes fuentes de la investigación a este periódico, pertenece a una reunión entre García, Ábalos y Cerdán en la que los tres hablan de cantidades que todavía se les adeudan por las adjudicaciones de obra pública supuestamente amañada. En ese encuentro –que tuvo lugar después de que Ábalos abandonara la cartera de Transportes en 2021 y cuya transcripción figura en el informe cuyo secreto se va a levantar en pocas horas– se dan detalles sobre la deuda de cuatro constructoras que habría sido beneficiadas con contratos trampeados a cambio de comisiones, de acuerdo con estas mismas fuentes.

El PSOE salió este miércoles por la noche al paso de las informaciones y negó de manera tajante el cobro cantidades ilegales por parte de su número tres y hombre de la máxima confianza del presidente del Gobierno. «Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello», afirmó la formación en un comunicado. «El conocimiento, una vez más por la vía de la filtración, de actuaciones policiales se ha convertido en una cuestión endémica de nuestro país que solo genera indefensión y juicios mediáticos a los afectados», apostilló Ferraz.«Cuando se conozca la totalidad del informe, Santos Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona», trató de zanjar el PSOE solo minutos después de conocerse el avance del contenido del informe de la UCO. Por la mañana, en los pasillo del Congreso, Cerdán aseguró no tener «ningún miedo» y negó él mismo cualquier actividad irregular.

El 'caso Koldo' entró en una nueva dimensión el pasado 5 de junio cuando el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO entregó al juez del Supremo Leopoldo Puente este informe cuyo secreto se va a levantar en breve, momento en el cual es previsible que el instructor Puente ofrezca a Cerdán declarar de forma voluntaria, dada su condición de aforado. Un ofrecimiento que si el negociador de Sánchez con Carles Puigdemont rechaza desembocaría, como ya ocurrió con Ábalos, con el Supremo pidiendo el suplicatorio al Congreso. Ese informe, según las fuentes consultadas, no solo versa sobre el diputado socialista, sino también sobre supuestos amaños millonarios de obra pública en la época de José Luis Ábalos al frente de Transportes (2018-2021). Ábalos precedió a Cerdán al frente de la secretaría de Organización del PSOE.

Ese esperado informe, encargado por el propio instructor a los agentes hace semanas, provocó que el martes, de forma simultánea al registro de la casa de Ábalos en Valencia, los funcionarios allanaran o se personaran para requerir información en diferentes empresas de construcción, supuestamente beneficiadas con contratos públicos irregulares gracias a la mediación de la 'trama Koldo'. En el centro de esta nueva fase de la investigación, que «trasciende» ya a los propios Ábalos y Koldo García, están firmas de Bizkaia, Granada, Valencia, Madrid y Navarra.

En esta última comunidad, el martes y con el mismísimo teniente coronel Antonio Balas (el mando de la Guardia Civil que era el objetivo principal que quería cobrarse la 'fontanera' Leire Díez), al frente del operativo fue allanada la sede en Pamplona de la empresa Servinabar 2000 Obras y Servicios S.L. Esta compañía ganó la adjudicación por 76 millones –en una UTE junto Acciona y Osés Construcciones– del desdoblamiento de los túneles de Belate. La obra, que ha sido objeto de denuncias por las supuestas irregularidades que detectaron los propios técnicos durante la licitación en 2024, es además una de los cincos contratos por los que Cerdán se interesó el pasado 9 de mayo, cuando por primera vez en su trayectoria como diputado preguntó en el Congreso por las adjudicaciones de construcciones civiles en Navarra.

Ese inusitado interés de Cerdán por las obras en la comunidad foral se desató precisamente justo después de que diferentes medios apuntaran la posibilidad de que hubiera comunicaciones entre él y Koldo García sobre contratos de infraestructuras de Transportes y que estos supuestos mensajes iban a componer el grueso del informe que el juez había encargado a la UCO sobre la supuesta intervención de Cerdán en esta trama. Todo ello, después de que Víctor de Aldama le acusara de exigir un «cupo vasco» para el partido por obras adjudicadas en Euskadi.

Según la investigación, Servinabar es una sociedad administrada por Antxon Alonso y Koldo García ha figurado hasta junio de 2020 como titular real de la cuenta titulada de esta empresa, que transfirió entre 2017 y 2018    3.000 euros al depósito familiar del entonces asesor de Ábalos y su exmujer, Patricia Uriz. De Aldama entregó al juez documentación poniendo en cuestión la limpieza en 128 adjudicaciones del ministerio de Transportes que suman 54 millones.