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C. M.
Cáceres
Lunes, 2 de junio 2025, 20:31
La Fiscalía de Cáceres ha solicitado cuatro años de cárcel para dos hermanos por un presunto fraude a la Seguridad Social, que habrían ... cometido como «administradores de hecho» de las empresas de Trujillo Hotel Las Cigüeñas SL, Bodegas Las Granadas SL y Bodas Eventos Gourmet SL. Pide además el pago de una multa de 916.390 euros y que indemnicen a la tesorería General de la Seguridad Social con 458.195 euros, correspondientes a la cantidad presuntamente defraudada durante cuatro años más los intereses y recargos. La vista previa del juico está programada para este martes en la Audiencia Provincial de Cáceres.
La Fiscalía asegura en su escrito de acusación que estos dos empresarios «urdieron un plan directamente encaminado a eludir sus obligaciones con la Seguridad Social» como administradores en la práctica de esas tres empresas familiares que habían constituido junto a sus padres, ya fallecidos. El impago de las cuotas se produjo en varias anualidades entre 2013 y 2019.
El fiscal considera que, pese a la apariencia formal de ser independientes entre sí, estas tres sociedades han venido funcionando en la práctica como un grupo empresarial, «pudiendo apreciarse una gestión conjunta por parte de esa estructura familiar a lo largo de los años».
Señala además que han venido desarrollando principalmente la actividad relacionada con la hostelería y eventos «indistintamente en los locales que regentaban, compartiendo sede social y centro de trabajo». También que «han venido manteniendo relaciones comerciales cruzadas a lo largo de los años, contando para ello con múltiples trabajadores que prestaban servicios indistintamente en las distintas sociedades, con confusión de patrimonios y recursos económicos y materiales, y bajo la misma dirección de hecho de los acusados».
Desde 2004 había un consejo de administración al frente de las tres empresas, pero la Fiscalía indica que «lo cierto es que eran los acusados los que de hecho, de forma directa, se encargaban de facto de la gestión social y la toma de decisiones». Añade que, «con el fin de dificultar el cobro de la deuda contraída con la Seguridad Social», urdieron un plan con el fin de «mantener indefinidamente la situación de impago».
Una de las cosas que hicieron, según la Fiscalía, fue convertir el consejo de administración en órganos unipersonales, nombrando como administradores únicos a personas que, o no participaban en la administración de las empresas, o no tenían bienes a su nombre, con la intención de evitar que la Seguridad reclamara la deuda a los verdaderos responsables. También cambiaron la denominación social para, a través de una nueva empresa sin deudas, desarrollar la misma actividad con los mismos medios de producción.
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