La Ley de Concordia pasa hoy el primer trámite para su aprobación

La sesión tratará las enmiendas de totalidad presentadas por Unidas por Extremadura y el PSOE. Ambas serán rechazadas, ya que el texto ha sido consensuado entre PP y Vox. Esto garantiza su aprobación en el Parlamento regional, dentro de unos meses, cuando se resuelva el trámite de enmiendas parciales.

La nueva Ley de Concordia formó parte del acuerdo entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, pero tras la ruptura del gobierno de coalición en julio del pasado año el Ejecutivo autonómico afirmó que ya no era una prioridad.

Sin embargo, PP y Vox recuperaron su tramitación como parte del acuerdo para la aprobación de las nuevas medidas fiscales del Gobierno regional, entre ellas la deducción del IRPF para nuevos residentes y las rebajas por el alquiler de viviendas vacías.

El texto deroga la Ley de memoria histórica y democrática del año 2019, lo que implica la disolución de órganos y comisiones creadas bajo su amparo. Pero no la suprime sin más, sino que ofrece una redacción alternativa. Mantiene la actividad de investigación y exhumación de fosas, aunque extiende su campo de actuación desde la II República a la actualidad, ya que también abarca a las víctimas del terrorismo. Asimismo, elimina cuestiones recogidas en el texto autonómico e incluye en su lugar la redacción básica de la ley estatal.

Con esta norma, Extremadura sigue la senda de Aragón, Cantabria y Comunidad Valenciana, regiones en las que también se aprobó una ley de concordia fruto del acuerdo entre PP y Vox.

En los tres casos las normas han sido recurridas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Aunque hay diferencias respecto a estos textos, la ley extremeña tiene visos de seguir el mismo camino.

En el caso de Aragón, la norma se limitó a derogar la ley de memoria histórica autonómica. Cantabria ha tomado la misma decisión. El Gobierno acudió en ambos casos al Constitucional, que admitió a trámite sus recursos. El Ejecutivo central entiende que invade competencias estatales, vulnera derechos ciudadanos y contradice el deber de colaboración entre las Administraciones públicas.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, su ley no es una simple derogación, sino que también contiene un texto alternativo, como en el caso de Extremadura. Pero el Gobierno central considera que vulnera los mismos principios que Aragón y Cantabria y también presentó recurso. El Constitucional lo ha admitido a trámite esta semana y por tanto la norma ha quedado en suspenso durante cinco meses.

La norma extremeña contiene dos disposiciones que son iguales a otras dos contenidas en la ley valenciana que han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad. En concreto, se trata de la disposición derogatoria y una transitoria que recoge que los procedimientos en marcha deben acogerse a la nueva regulación. De ese modo, en caso de mantener esa redacción, previsiblemente también será rechazada por el Gobierno central.