La Junta dará hasta 20.000 euros en ayudas para la retirada de amianto

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado en su reunión de este martes un decreto por el que se regulan estas subvenciones y se aprueba la primera convocatoria por importe de 200.000 euros.

La Consejería de Economía anunció hace casi un año la creación de estas nuevas ayudas, que tras una larga tramitación se han convertido en realidad. El objetivo es retirar unos 15.000 metros cuadrados de cubiertas de amianto, que fue utilizado de forma generalizada entre los años 1950 y 1990 y que fue prohibido de forma definitiva en 2001. La exposición a este material, al liberar fibras susceptibles de ser inhaladas por los trabajadores en su manipulación, está asociada con el cáncer de pulmón. De ahí que se quiera fomentar su desaparición de los edificios de la región.

El decreto persigue la protección de las personas trabajadoras que se hallen expuestas a amianto en sus centros de trabajo, así como reducir la siniestralidad laboral por caída de altura, previniendo de esta forma las enfermedades profesionales y la siniestralidad laboral.

La línea dedicada a la retirada de cubiertas ligeras que contengan materiales con amianto contempla una ayuda del 85% de la inversión subvencionable, con un máximo de 20.000 euros. Se contemplan como gastos subvencionables los costes de manipulación, la retirada, el transporte y la gestión del material con empresas especializadas.

De forma paralela, se pretende atajar la siniestralidad en las labores de mantenimiento de equipos en las cubiertas de los edificios. La Junta indica que, según informes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, más del 60% de los accidentes laborales se deben a caídas desde cubiertas en labores de reparación de tejados o reparación de instalaciones, de ahí la necesidad de incorporar las denominadas línea de vida permanente, que permiten un anclaje de forma adecuada.

En este caso, se cubrirán gastos como el coste de la instalación en cubiertas con líneas de vida horizontales flexibles o rígidas, los costes de cálculo de diseño, las certificaciones de instalación por técnicos acreditados por el fabricante y las pruebas de tracción.

Para la instalación de estas medidas de protección de caídas de altura la cuantía de la subvención consistirá en el 50% de la inversión, con un máximo de 5.000 euros. De esa forma, el tope por centro de trabajo será de 25.000 euros sumando las dos modalidades de ayuda.

La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha señalado que la previsión del Gobierno regional es que se pueda atender a unas cincuenta empresas de la región con la dotación aprobada, aunque en caso de necesidad se podrá ampliar. De hecho, la Consejería de Economía prevé destinar hasta 950.000 euros a este programa de ayudas en cuatro anualidades, entre 2025 y 2028.